En el Senado, el oficialismo firmó el dictamen de mayoría y quedó a un paso de bajarlo al recinto para convertirlo en ley.
En un comunicado que difundió la oficina del prensa del banco público, quedó asentada, además, la "posición intransigente del bloque Frente para la Victoria en busca de la sanción de este proyecto, que fue rechazado por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Jorge Yoma (FPV), por la totalidad de las fuerzas políticas opositoras de ambas cámaras legislativas, por la Asociación Bancaria, por las Comisiones Gremiales Internas del Banco Ciudad y del Banco Nación, por los Colegios de Abogados de la CABA, por las asociaciones de consumidores y por diferentes cámaras empresariales de esta ciudad, entre otros, no hará otra cosa que abrir un conflicto en la Justicia".
De acuerdo con la misma declaración, "a partir de la reforma constitucional de 1994 y la sanción de la ley Cafiero, no es posible revertir transferencias de funciones que la Nación ya hubiera efectuado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley Cafiero identifica los intereses esenciales del Estado Nacional, y no incluyó a los depósitos judiciales entre ellos".
Y agregó que "el Congreso Nacional dictó la ley 16869 en ejercicio de sus facultades como legislatura local y esa facultad se extinguió con la reforma constitucional de 1994".
"Para equiparar plenamente a la ciudad de Buenos Aires con el funcionamiento de los depósitos judiciales en otras provincias deberían transferirse al Banco Nación los depósitos originarios de los juzgados federales, y el Banco Nación transferirle al Banco Ciudad los provenientes de los juzgados civiles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", concluyó el memo.
"Esta equiparación con las provincias permitiría al Banco Ciudad hacerse de mayor cantidad de depósitos judiciales de los que se obligaría a transferir", subrayó.
Es falso que son federales los recursos que se pretenden transferir, según los portavoces del Banco Ciudad. Y prosiguió que "corresponden a recursos de los litigantes, básicamente de quienes tienen domicilio o se encuentran radicados en la ciudad. Tampoco existe ningún privilegio en esta cuestión porque es falso lo que dice el senador Pichetto, cuando sostiene que la diferencia radica en que la Justicia ordinaria la paga el Gobierno Nacional". "Lo cierto es que la pagan los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a través de un coeficiente de coparticipación más pequeño, así como solventan a la Policía Federal y otros servicios que provee el gobierno nacional en el ámbito de la ciudad", explicó.
"En la práctica los eroga el gobierno nacional pero, justamente, el porcentaje de coparticipación de la ciudad es menor para poder generar los recursos para estos servicios. En definitiva, es Justicia que pagan los porteños, con plata de los porteños, de la cual se apropia el gobierno nacional", abundó.
En el mismo texto, sostuvo que "también es falso lo que sostiene el senador Aníbal Fernández sobre que el Banco Ciudad prestaría estos recursos peor que el Banco Nación. El Banco Ciudad dedica 57% de la cartera a crédito hipotecario y productivo. En el Banco Nación, este porcentaje alcanza a 27%".
Por último, el Banco Ciudad se quejó por "la ausencia del senador porteño, y dos veces candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, quien no se presentó, o se excusó o disculpó en público por no concurrir a la convocatoria de la comisión conjunta, de trascendente importancia institucional como práctica democrática, para escuchar las ponencias de los trabajadores del banco público de la ciudad, a quienes Filmus también representa en el Congreso".
