Su privilegiada ubicación para el comercio, recursos naturales, estabilidad económica y un marco normativo que fomenta la inversión extranjera son algunas de las razones de su atractivo.
El reporte CBRE estudia los diferentes submercados, alternativas y precios en el marco de una región que se desacelera. La economía de Uruguay se ha enfriado producto de un contexto externo desfavorable. La caída en la demanda externa y baja en precios de materias primas causó un menor crecimiento del PIB en 2015, de tan solo 1 %, comparado con 3,4% en 2014.
A excepción del consumo que se mantuvo algo más resistente apalancado por el gasto público; la inversión y los volúmenes de exportación se contrajeron de manera sustancial. El adverso panorama regional tendrá un impacto en el crecimiento económico.
Las perspectivas para los principales socios comerciales de Uruguay, Brasil, Argentina y China son negativas, e implican una merma de la demanda externa. Los obstáculos del mercado externo se combinan con políticas fiscales y monetarias contractivas que el gobierno desplegó para resolver problemas económicos de fondo. Cortar el elevado gasto público es una de las prioridades del gobierno.
Por ello, se propuso un plan de cinco años para restructurar políticas fiscales y asegurar la estabilidad macroeconómica. La emisión de deuda soberana en 2015 estuvo orientada a disminuir los riesgos de estanflación, mientras los factores externos se recomponen.
El elevado nivel de inflación, sumado a la devaluación del peso uruguayo, presion sobre los costos salariales ante la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. Con una devaluación acumulada de 22 % desde 2015 y una inflación de 10 % en el primer semestre de 2016, las demandas por condiciones salariales se hacen cada vez más presentes.
Asimismo, el recorte de empleo público orientado a mejorar las finanzas del estado podría causar fricciones sindicales. Para comprender el funcionamiento actual del sector inmobiliario uruguayo, además de los aspectos macroeconómicos, se deben tener en cuenta el marco legal, y el índice de costo de la construcción y del equipamiento.
Por la parte positiva, existen esfuerzos a nivel legislativo como la Ley 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones y el Proyecto de Ley de Operadores Inmobiliarios que ayudan a propulsar y formalizar el sector inmobiliario.
La construcción sigue siendo el principal receptor de IED (Inversión Extranjera Directa) con 28 % del total, de acuerdo a la agencia Uruguay XXI. En cuanto al sector de la construcción, fue durante los últimos años, un protagónico receptor de inversiones.
El crecimiento del PIB, junto con la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la ley de libre contratación dentro del mercado de alquileres y el fuerte incremento sectorial de la última década, ayudaron a que la construcción experimentara una importante expansión, alcanzando su pico en 2008.
Luego de alcanzar la cima, debido a su naturaleza cíclica, ante un panorama regional de enfriamiento difícil de evitar, al deterioro de la actividad se le sumó el constante aumento del costo de la construcción.
El mercado de oficinas de Montevideo posee una dinámica lenta en términos de crecimiento de inventario. Si bien el inventario se duplicó en los últimos 10 años, la producción ha sido muy fluctuante, situándose en un promedio de 12.000m² por año.
En términos comparativos, el mercado de Montevideo representaría 10 % del mercado corporativo de Buenos Aires, y tan sólo 5,3 % del mercado de Santiago de Chile. El mercado nacional de oficinas Clase A/A+ asciende 100.000m². aproximadamente, de los cuales 70 % se encuentra en el submercado de Punta Carretas & Buceo.
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