martes, 12 de junio de 2012

Directorio y personal del Banco Ciudad se unen para rechazar proyecto para transferir fondos a la Nación

Directivos y empleados del Banco Ciudad se unieron para rechazar el proyecto de ley que pretende transferir los depósitos judiciales al Banco Nación.

Por un lado, las calles que rodean al Congreso Nacional fueron copadas por los sindicalistas bancarios -con el apoyo de otros gremios-, y el personal de la entidad pública porteña, que decretaron un paro y movilización contra la iniciativa de la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria), convencidos de que pone en peligro la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.

En el interior de la Cámara Baja, a todo esto, el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, acompañado por el directorio que él mismo preside, explicó a los legisladores nacionales que la entidad no puede financiar, de acuerdo con la legislación vigente, al gobierno porteño, razón por la cual los recursos que se verían afectados se destinan a diferentes líneas de créditos para personas y empresas, en especial, Pymes.

Conti, al inicio de la audiencia, introdujo una modificación para que el giro de los depósitos judiciales se aplique a las causas nuevas, y no a los depósitos que en la actualidad se encuentran bajo la custodia del Banco Ciudad.

No obstante, Sturzenegger aclaró que, de este modo, lo único que se logra es postergar el daño. E insistió en la necesidad de conseguir que se archive la propuesta parlamentaria.

A su turno, el vice del Banco Ciudad, Juan Curutchet, argumentó sobre la inconstitucionalidad del plan que impulsa el kirchnerismo, el cual, además, resulta discriminatorio para los porteños.

"A partir de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la denominada ley Cafiero, no es posible revertir transferencias de funciones que la Nación ya hubiera efectuado al GCBA. La ley Cafiero, que identifica los intereses esenciales del Estado Nacional, no incluyó a los depósitos judiciales entre ellos", subrayó el abogado y número 2 de la institución.

"El Congreso Nacional dictó la ley 16869 en ejercicio de sus facultades como legislatura local, y esa potestad se extinguió con la reforma constitucional de 1994", concluyó Curutchet.

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