No por la sorpresa del hecho en sí -la historia moderna nos entrenó para convivir con crisis- sino por la claridad con la que volvió a quedar expuesto un patrón: cuando el poder no se somete a sistemas de integridad verificables, el margen de maniobra se reduce hasta desaparecer.
Lo ocurrido en Venezuela no es un episodio ajeno ni una rareza regional; es una advertencia transversal sobre cómo operan las organizaciones -públicas o privadas- cuando confunden autoridad con control y confianza con ausencia de evidencia.
Escribo estas líneas desde el lugar de empresario argentino, no como analista político. Porque lo que está en juego no es una bandera ni una ideología, sino algo que conocemos bien en el mundo de los negocios: el riesgo de gestionar sin sistemas que limiten, prevenga y documenten las decisiones críticas.
En nuestras compañías aprendimos, a veces tarde, que la integridad no puede depender del carácter de una persona ni de la lealtad de un equipo. Depende de reglas claras, controles independientes y capacidad de demostrar, ante terceros, que lo que decimos hacer es efectivamente lo que hacemos.
En el ámbito corporativo, nadie serio afirmaría hoy que "acá no hay corrupción porque confiamos en nuestra gente". Sabemos que la confianza sin controles no es cultura, es exposición. Y cuando esa lógica se traslada al ejercicio del poder -sea estatal o empresarial- el impacto no es solo reputacional: es operativo, legal y económico.
La ausencia de mecanismos formales contra el soborno crea zonas grises donde las decisiones dejan de ser trazables, los incentivos se distorsionan y el sistema empieza a operar por fuera de cualquier estándar aceptable.
Ahí es donde cobra sentido la ISO 37001, la norma internacional de sistemas de gestión antisoborno desarrollada por la International Organization for Standardization. No como un "sello" ni como un seguro moral, sino como un marco práctico que obliga a la alta dirección a hacerse responsable del riesgo de corrupción.
La norma exige políticas claras, evaluación de riesgos, controles financieros y no financieros, debida diligencia sobre terceros y, sobre todo, evidencia. Evidencia de que el soborno no es un tema que se resuelve con discursos, sino con procesos auditables.
Muchos empresarios solemos mirar estos episodios regionales con una mezcla de distancia y alivio: "eso pasa en los Estados, no en las empresas". Sin embargo, el paralelismo es directo. Un gobierno sin sistemas anticorrupción verificables se parece demasiado a una empresa donde el dueño concentra decisiones, no documenta pagos sensibles, terceriza sin controles y reacciona solo cuando el daño ya es público.
El desenlace, tarde o temprano, es el mismo: pérdida de credibilidad, intervención externa y un costo que supera ampliamente cualquier beneficio de la improvisación.
La lección no es moral, es estratégica.
En mercados cada vez más exigentes, donde bancos, socios e inversores piden explicaciones antes de comprometer capital, la capacidad de demostrar integridad se volvió un activo competitivo. Implementar un sistema como ISO 37001 no elimina el riesgo, pero sí reduce la arbitrariedad y deja un rastro claro de decisiones. Y cuando las cosas fallan -porque siempre pueden fallar- ese rastro es lo único que permite defender a la organización y a sus líderes.
Lo ocurrido este enero en Venezuela debería leerse, para quienes dirigimos empresas en la Argentina y la región, como una señal temprana. No se trata de mirar al otro para juzgarlo, sino de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si podríamos responder con evidencia ante un cuestionamiento serio.
Si mañana un regulador, un socio o un medio pone la lupa sobre nuestras decisiones sensibles, ¿tenemos sistemas que nos respalden o solo explicaciones posteriores?
El poder -en el Estado o en la empresa- siempre termina expuesto. La diferencia está en si, cuando eso ocurre, hay estructuras que sostengan la legitimidad de lo hecho.
Gobernar una organización sin sistemas anticorrupción verificables no es valentía ni liderazgo: es asumir un riesgo innecesario. Y en un contexto donde la historia reciente demuestra cómo se pagan esas omisiones, la integridad dejó de ser un valor aspiracional para convertirse en una condición de supervivencia.
(*) El columnista es director regional de G-CERTI Global Certification.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario