Según la entidad, "La medida adoptada por el Ministerio de Economía, a través del Decreto 377/23, por el cual se extiende el Impuesto PAIS a distintas actividades, impactará negativamente en la industria aseguradora privada".
Y subrayó que la "alícuota de 25 % recaerá en los contratos de reaseguros y pagos de siniestros en el exterior, incrementando costos en todas las cadenas productivas".
"Agreguemos que muchos de estos contratos de reaseguros ya se encuentran firmados, pero pendientes de ser abonados a la espera de recibir los dólares solicitados, demorados debido a la restricción cambiaria existente", continuó el Comité Asegurador Argentino.
"La modificación implicará para el sector una pérdida estimada en $ 30.000 millones en un solo día", manifestó en la misma declaración.
"Es que, según la Resolución General AFIP Nº 5393, el impuesto se abona al efectivizarse la operación cambiaria, en este caso, pendiente por razones ajenas al sector, afectando entonces de manera retroactiva", advirtió.
La organización sostuvo que "Esta situación representa un golpe a la sostenibilidad de la actividad aseguradora, altera las reglas de juego y no permite a los privados cumplir con sus obligaciones contractuales.
Pero esto no es todo".
"Asimismo, atenta contra la libre competencia del sector, la reglamentación aclaratoria de AFIP según la cual los operadores estatales de seguros, tanto nacionales como provinciales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto País de 25 % sobre los contratos de reaseguros", prosiguió.
"Esto automáticamente determinará que los asegurados de grandes riesgos estén prácticamente obligados a comprar sus seguros en el Estado para evitar pagar el sobreprecio, que los privados sí deberán incluir", concluyó.
"Se consuma el golpe al mercado, ya que el Estado Nacional, tiene un Reasegurador, que podría imitar la historia pasada de centralizar todos los contratos privados de reaseguros, al no estar obligado a pagar el impuesto", alertó el Comité Asegurador Argentino.
"Volver al pasado, volver a la estatización de la actividad aseguradora, es una medida totalmente a contramano ya que agranda al estado y no alienta el desarrollo privado, que tanto necesita la República Argentina", señaló el comunicado.
"Por todo lo expuesto, desde el CAA, exigimos que se reglamente la exención del sector de este gravamen y que, con efecto inmediato, no se aplique en los contratos vigentes retroactivamente, que no se han podido pagar por razones ajenas a los aseguradores. Y a su vez, que todos los actores de la industria aseguradora compitan con las mismas reglas y en igualdad de condiciones", apuntó.
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