Los conflictos que tienen como actores principales a niños, niñas y adolescentes son claramente los síntomas de un malestar profundo, de una deuda que nuestra sociedad se empeña en no saldar.
La criminalización y estigmatización de la niñez y la adolescencia se hace posible, a través de la invisibilización de las vulneraciones de los derechos esenciales, de la incapacidad de considerarlos como iguales.
En este contexto, los trabajadores, y quienes estamos comprometidos en construir y afianzar un verdadero Sistema de Promoción y Protección de Derechos, enfrentamos el desafío de combatir estas miradas culpabilizadoras, tan penosas como masivas, mientras intentamos acompañar situaciones acuciantes.
Es a través de las tareas cotidianas que observamos las falencias y el abandono del sistema, que no logra hacer pie a las demandas que la problemática plantea.
La falta de financiamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos tiene impacto directo sobre los acompañamientos, provocando nuevas vulneraciones y, en muchas ocasiones, la frustración de las estrategias planeadas con niños y adolescentes.
En este sentido, también resulta preocupante la falta de capacitación y actualización en los dispositivos involucrados; los atrasos sistemáticos en los pagos de becas, que muchas veces resultan en el cierre de los espacios; la inexistencia de dispositivos para niños y adolescentes victimas de abusos y violencias, y para niños y niñas menores de 15 años con consumo problemático de sustancias psicoactivas, escenarios que reclaman urgentes y apropiadas intervenciones.
Las políticas públicas se manifiestan tanto en las prácticas, como en la asignación de recursos que permitan su implementación.
Nos alarma enfrentarnos a respuestas estatales para la restitución de derechos, sostenidas en contextos de total precariedad e inestabilidad.
(*) La columnista, licenciada en psicología (foto), es directora y fundadora de la ONG Salud Activa.
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