Mendoza ya cuenta con peritos médicos para evaluar incapacidades por accidentes de trabajo

Mendoza se convirtió en la primera provincia en contar con un cuerpo de peritos médicos, convocado por concurso de antecedentes, para evaluar las incapacidades producidas por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

La medida implica un importante paso en la calidad de la tarea pericial, lo que significa también una mejor administración de Justicia. 

Las ventajas que ofrece un cuerpo médico forense son evidentes, entre ellas, las siguientes: 

- La jerarquización de la labor pericial mediante el profesionalismo de sus integrantes elegidos por concurso de antecedentes y no por simple anotación en un listado, que reciben luego causas por sorteo. 

- La equidad en el tratamiento de los trabajadores, a misma dolencia, idéntica evaluación a la hora de peritar las incapacidades derivadas de un accidente laboral, tomando como vara objetiva el Baremo de ley (Tabla de Valoración de Incapacidades). 

- La remuneración desacoplada de la sentencia y establecida en función del acto médico. 

Estos criterios cumplen lo exigido por la ñey y contribuyen a preservar el Sistema de Riesgos de Trabajo que, en 27 años de existencia, apostó a la mejora continua, al punto de convertirse en un aspiracional para los trabajadores que no disponen de una cobertura que garantice una reparación inmediata, integral, automática y de calidad frente a un siniestro laboral.

Sin embargo, este sistema sigue amenazado por una litigiosidad creciente anclada en un hecho paradojal. Es que conforme decrece la accidentabilidad y el índice de fallecimientos (-78 % y 16.500 vidas salvadas) en el entorno laboral, fruto del compromiso con las actividades de prevención de todos sus actores, la litigiosidad aumentó, alentada por honorarios periciales acoplados al monto de la sentencia.

Mendoza detentaba en 2022 el tercer lugar en el ranking nacional de demandas por accidentes laborales y enfermedades profesionales. Durante los cinco primeros meses de 2023, acumuló más de 3.200 demandas. 

A partir de ahora, deberían disminuir los incentivos a litigar, al unificar los criterios de evaluación (en las distintas instancias de evaluación se utiliza el mismo criterio), y al desacoplar los honorarios de los peritos del resultado del juicio.