Constituyó un hito ligar la prevención y la reparación como forma de un abordaje integral de la seguridad y salud ocupacional.
Así, con el acuerdo de trabajadores, empleadores y el Estado, se sancionó la Ley 24.557 que estableció las responsabilidades y compromisos de cada uno de estos protagonistas del cambio.
A través de los años, se tornó una constante, en el contexto de quienes integran el entramado productivo, elegir, una y otra vez, este sistema como forma de respuesta y abordaje de los riesgos del trabajo.
El sistema comenzó con 3,9 millones de trabajadores y 388 mil empleadores.
Veinticinco años después, cubre a 9,6 millones de trabajadores y más de un millón de empleadores. Entre todos, cada uno en su rol, con estrategias de prevención que fueron perfeccionándose y especializándose en sectores y riesgos, se logró reducir de modo considerable los accidentes en ocasión del trabajo.
De hecho, los fallecimientos por esta causa descendieron 80 %, lo que significa haber salvado 14.000 vidas.
En más de un año de pandemia, el conjunto de las ART atendieron más de 360 mil trabajadores afectados por COVID-19, en simultáneo con los casos habituales y típicos de accidentes laborales.
Se atendieron los dos frentes, a pesar de los incontables obstáculos que planteaban las condiciones de aislamiento y el escenario cambiante. En ese contexto, se superaron las 23 millones de acciones virtuales en prevención, entre abril de 2020 y mayo de 2021. A pesar de las dificultades, el año pasado se brindaron cerca de 5 millones de prestaciones médicas integrales.
Como contracara del balance positivo, la litigiosidad se confirmó como un fenómeno exógeno al sistema, lo cual amenaza seriamente su sustentabilidad. Por tal razón, en 2017, se reformó la ley con acuerdo de todos los sectores políticos, empresariales y sindicales, en un hecho casi sin precedentes.
Quince provincias más CABA, que concentran 94 % de la litigiosidad, ya adhirieron. Se estableció un procedimiento previo, consistente en el paso por comisiones médicas, como condición para cualquier presentación judicial posterior. En esa instancia, encontró solución un alto porcentaje de los reclamos.
Asimismo, se estableció la necesidad de conformar un nuevo sistema pericial, los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), que ajustaran sus dictámenes al Baremo, tabla de medición de incapacidades incluida en la ley. Y, además, se incrementaron las indemnizaciones.
En un primer momento, los juicios comenzaron a disminuir de manera considerable. Pero la inexplicable demora en constituir los CMF, en cada una de las justicias de las provincias adheridas a la ley, impide consolidar ese avance fundamental para darle sustentabilidad al sistema.
Dieciocho aseguradoras forman parte de la UART.
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