Por culpa de los abogados, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puede perder la hegemonía en el Consejo de la Magistratura, eje de grandes polémicas en los años recientes, a partir de noviembre.
El dominio de este organismo es la llave para controlar Tribunales, ya que allí se designan y remueven (o salvan) jueces.
Como anticuerpo al kirchnerismo -y más allá de las pujas parlamentarias con la oposición- se forjó una alianza de amplio espectro, cuya abanico luce a una vasta corriente sin referencias partidarias -que ya se había unido al sector tradicional del Colegio de Abogados (apoyó al candidato Guillermo Lipera)-, más diferentes vertientes de la Asociación de Abogados, independientes y profesionales agrupados en la UBA.
La entente, que se presentará a elecciones para renovar delegado a fin de mes, tiene presente que el consejo de jueces, donde conviven 13 miembros, debe renovar las sillas que ocupan 2 letrados, uno elegido en el interior y otro en la ciudad de Buenos Aires.
Estos cargos se han vuelto clave, ya que pueden desbalancear el eje del poder: si a los seis votos que usualmente posee el gobierno, sea kirchnerista o no, se suma uno de esos abogados, el control del cuerpo queda en manos del Poder Ejecutivo de turno.
Eso es lo que dicen que ha sucedido desde hace 4 años, cuando fue consagrado el consejero Santiago Montaña, propuesto por el grupo Gente de Derecho que ahora nomina a su jefe y ex titular del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo.
En este último período, Montaña coincidió con el oficialismo -y en especial con los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti- en más de 80% de las votaciones y, sobre todo, en casos emblemáticos como el del juez Oyarbide.
En los comicios del 31 de agosto, si en CABA se impusiera el sector Cambio Pluralista, que lleva como postulante titular a Alejandro Fargosi (foto) y a Juan P. Zanetta de suplente, el escenario podría ser desfavorable a la supremacía K.
A criterio de Fargosi, “si en 2010 la Justicia está mal, la responsabilidad del Consejo de la Magistratura es evidente”, ya que “hay jueces que no pueden seguir siéndolo, y otros que han ganado sus concursos y están postergados por decisiones sólo políticas”.
Por su parte, Zanetta se niega a hacer nombres porque eso implicaría el riesgo de ser recusado por los jueces o postulantes involucrados, en caso de ser elegido. Pero es terminante en cuanto a la responsabilidad del Consejo, y a la necesidad de que la mayoría de los abogados tome partido y se haga cargo del problema.
El candidato de Cambio Pluralista es muy severo respecto del statu quo: "resulta incomprensible que la Justicia se rija por procedimientos y sistemas de la época del Código Civil, es decir de hace 150 años; sin darse por aludida de todos los cambios tecnológicos que han sucedido desde entonces, y que no terminaron en la máquina de escribir”.
Fargosi, que es académico en la moderna área de la ley conocida como el Derecho de las Comunicaciones, insiste en que “en el mundo de internet, MP4, Twitter y tantos otros avances, es inconcebible que sigamos perdiendo tiempo con la forma de redactar un oficio o un mandamiento, y que los abogados y los clientes sigamos atados a maneras de pensar del siglo XIX, juzgados por jueces que en algunos casos son claros casos de incompetencia por su falta de conocimiento, de honestidad o de imparcialidad”.
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