El subsidio al consumo de productos farináceos, que dispuso el Ministerio de Economía de la Argentina, se convirtió en excusa para que los productores molineros hagan lobby ante el gobierno de Lula para impedir la entrada de harina de nuestro país. Ya hay un nuevo frente de conflicto en el Mercado Común del Sur.
Este sector de la industria del socio mayor del Mercosur presenta la medida de Felisa Miceli como “una campaña para aumentar las exportaciones subsidiando al trigo”.
Según los productores nacionales, esta interpretación demuestra la mala fe de la fuente, ya que la Resolución 9/2007 de Economía, expresa que el objetivo es “generar un mecanismo que permita subsidiar las compras de la industria local para abastecimiento interno”; y en la parte dispositiva, aclara que los “perceptores del subsidio recibirán el importe por tonelada procesada destinada al mercado interno”.
El trigo para exportación de harina se compra a los valores del mercado libre sin ningún tipo de subsidio, dicen quienes se quejan de la embestida desde el vecino país.
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) sostuvo que las exportaciones de harinas treparon en 2006 a 300.000 toneladas, lo cual representa no más de 3 % del mercado brasileño. Los molinos de Brasil pretenden que se importe trigo antes que harina y premezclas, que incorporan valor a la producción.
La FAIM entiende que la administración de Néstor Kirchner debe estar alertada sobre estos manejos de la información a fin de asumir una firme política frente al Brasil, que permita incorporar valor a las exportaciones del complejo triguero, considerando que Argentina es un país productor y exportador de trigo, y cuenta con una industria molinera con capacidad de producción y tecnología suficientemente competitiva.
"Si dentro del ámbito del MERCOSUR, con una balanza favorable a Brasil de 3.600 millones de u$s en 2006, no podemos exportar harina de trigo, ¿qué puede exportar la Argentina?", plantearon en voz alta portavoces de la FAIM.
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