Una muerte que nadie quería, pero el gobierno pudo evitar

El asesinato del policía Jorge Sayago en la localidad santacruceña de Las Heras revela, una vez más, que Néstor Kirchner tiene muchos problemas en el camino, entre ellos, el del propio patio de su casa provincial. Y son conflictos que exceden el marco del reclamo de trabajadores del sindicato del petróleo. O una interna, resuelta de manera cruenta y salvaje, de opositores y oficialistas.
Kirchner, que gobernó durante más de una década Santa Cruz, conserva allá en el sur una fuerte presencia opositora, a pesar de los fondos que gira la Nación mensualmente. Además de las clásicas e inevitables peleas entre sus propios seguidores por ver quién se queda con la herencia kirchnerista, en un territorio rico en recursos y escaso en población. Y que todavía atesora, de manera no demasiado transparente, una cifra millonaria en dólares producto de regalías petroleras de los 90.
Por empezar, habría que recordar que Río Gallegos, donde vivía Kirchner hasta convertirse en presidente de la Nación, es administrada por un radical no complaciente con el oficialismo, Héctor Roquel. Todo un síntoma, que no se le hubiera perdonado a Carlos Menem en La Rioja, durante su cuestionado y extenso mandato.
El de Gallegos es un dato institucional y político menor, si se lo compara con los 14 muertos de la mina de Río Turbio de junio de 2004 que todavía esperan Justicia para poder descansar en paz. Un hecho que pasa inadvertido cuando se dice que Sayago es la primera víctima mortal en la denominada era del K.
Ambas tragedias, la de Río Turbio y ahora la de Las Heras -que pudo haber sido peor-, fueron evitables. Parece fácil decirlo después de que sucedieron. Pero está claro que la principal causa de la embestida gremial en Las Heras fue un reclamo social justo: que el gobierno K suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de manera tal de evitar descuentos confiscatorios en los sueldos de los petroleros.
Lo ridículo -o trágico, en realidad- es que el Poder Ejecutivo hizo prorrogar en el Congreso, y con fórceps, el mínimo no imponible a fin del año pasado. Como si los funcionarios nacionales no supieran que un piso de $1.835 para las personas solteras y de $2.235 para los casados es una broma de mal gusto en una Argentina en la cual la canasta básica supera los $800, según datos oficiales.
Ahora, dicen que en abril se modificará ese mínimo. Después del estallido mortal de Las Heras. Tarde. Muy tarde. Como el culposo ascenso post mortem de Sayago dispuesto por el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo.
Marcelo Mendieta (h)